Siguiendo la tendencia iniciada el año pasado, la próxima PAU 2026 buscará homogeneizar aún más los criterios de evaluación entre los diferentes territorios y priorizar las competencias prácticas frente a la memorización.

En este marco, la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana ha aprobado oficialmente el calendario, la estructura y los especialistas encargados de los exámenes para 2026. La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria, los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las pruebas para mayores de 25 y 45 años serán el 25 de abril; los mayores de 25 tendrán una segunda sesión el 9 de mayo.

La Comisión ha confirmado que las materias obligatorias y troncales se examinarán por la mañana y las optativas por la tarde. Cada prueba tendrá una duración de 90 minutos y habrá 45 minutos de descanso entre ellas. Se mantendrá la estructura del curso anterior salvo en las asignaturas que ya anunciaron cambios (por ejemplo, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Dibujo Técnico). Además, se ha establecido que cualquier modificación futura deberá prepararse con, al menos, un curso de antelación para garantizar previsibilidad al alumnado. También se han ratificado los especialistas y asesores responsables de coordinar los modelos de examen.

Aprovechando la publicación de las fechas en Valencia, cabe recordar que la Conferencia de Rectores (CRUE) y las Comisiones Estatales de Materia han consensuado un documento marco para la PAU 2026 que busca homogeneizar criterios entre comunidades y orientar la selectividad hacia un modelo menos memorístico y más competencial. El texto, de 173 páginas y elaborado por más de 570 especialistas de los 17 distritos universitarios, servirá como guía para las comunidades autónomas.

Principales novedades y orientaciones:

• Estructura y duración: se mantiene un único modelo de examen por materia, con la optatividad incluida en el propio examen; duración recomendada: 90 minutos por prueba.
• Peso competencial: la mayor parte de materias (32 de 34 analizadas) aumentan el peso de preguntas prácticas. Ejemplos: Lengua Castellana y Literatura II y Filosofía, al menos un 70 % competencial; Historia del Arte, entre 80–100 %; Historia de España, al menos 50 %; Geografía y Matemáticas Aplicadas, no por debajo del 50 %.
• Optatividad: grado homogéneo a nivel estatal pero adaptable por comunidades. Algunos casos: Matemáticas II propondrá dos preguntas a elegir entre bloques; Matemáticas Aplicadas exigirá al menos un 40 % de optatividad; Geografía admite hasta un 50 %; Latín II combinará 60–70 % de preguntas prácticas con 15–20 % de optatividad.
• Tipos de tareas: las pruebas combinarán preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas, con criterios claros sobre la puntuación y el nivel de respuesta esperado.
• Criterios de corrección y ortografía: se fijan límites y excepciones. En materias como Matemáticas II, Matemáticas aplicadas, Dibujo artístico, Dibujo Técnico II y Empresa, las faltas de ortografía no se penalizan. En otras asignaturas la deducción por faltas queda acotada (por ejemplo, hasta 1 punto en Historia de España, Geografía, Latín, Música, Diseño, Biología, Tecnología e Ingeniería o Historia del Arte; hasta 2 puntos en Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales). En Griego la penalización comienza a partir de la segunda falta (0,1 puntos). En asignaturas donde la expresión escrita es central (Filosofía, Física), la coherencia, claridad y presentación tienen un peso explícito en la evaluación (en Física, al menos un 10 % de la calificación de la tarea).
• Homogeneidad y adaptaciones: el marco pretende garantizar mayor equidad entre comunidades respetando sus particularidades; los distritos universitarios publicarán sus guías y modelos de examen próximamente (algunas comunidades, como Madrid, ya han avanzado en esa publicación).

La propuesta impulsa una PAU orientada a evaluar competencias aplicadas y razonamiento más que la memorización de contenidos, con criterios de corrección más uniformes que reducirán la variabilidad territorial en la evaluación. Cada comunidad deberá adaptar estas orientaciones y publicar sus modelos y criterios concretos antes de la convocatoria.