El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario mediante real decreto, actualizando una normativa que permanecía intacta desde 2010. El texto, consensuado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), redefine el estatus del alumno para consolidarlo como un sujeto activo de derechos adaptado a la realidad social y tecnológica actual.

La ministra del ramo, Diana Morant, destacó que esta reforma dota al sistema universitario de un marco que responde a transformaciones clave de la última década, introduciendo garantías frente a la digitalización acelerada, la precariedad habitacional y las demandas de bienestar psicológico.

Ejes prioritarios: alojamiento digno y salud mental

La vivienda universitaria se incorpora como uno de los puntos centrales del nuevo marco regulatorio:

• Promoción de alojamiento asequible: Los centros universitarios estarán obligados a facilitar alojamiento en condiciones de suficiencia y dignidad con precios adecuados, además de informar sobre bolsas de vivienda públicas y conveniadas.
• Cálculo de becas por movilidad residencial: Las convocatorias de ayudas integrarán progresivamente el coste real del alquiler y del hospedaje cuando los estudios impliquen traslado geográfico.
• Inversión estatal complementaria: De forma paralela a la aprobación del estatuto, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 45 millones de euros a través del Ministerio de Vivienda para financiar 2.000 plazas en residencias públicas, distribuidas entre las universidades Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Pablo de Olavide, Burgos, Jaume I, Jaén y Lleida.

En el ámbito del bienestar psicológico, las facultades deberán ofrecer atención psicológica gratuita, accesible y de primera evaluación. El decreto fija la creación de unidades específicas de apoyo y la puesta en marcha de protocolos vinculantes de detección, prevención e intervención frente a conductas suicidas, así como herramientas contra el acoso sexual, discriminatorio o por razón de género, el bullying y el ciberacoso.

Reglas académicas, conciliación y evaluación protegida

El texto asume que el perfil del universitario contemporáneo combina con frecuencia formación, empleo y cargas familiares, introduciendo medidas concretas de flexibilidad curricular:

• Reprogramación de exámenes e inasistencias: Los alumnos podrán cambiar fechas de evaluación y justificar faltas en supuestos acreditados de cuidados a dependientes, enfermedad grave, defunción de familiares directos o coincidencia con otros exámenes oficiales.
• Planes de conciliación obligatorios: Aplicables a grados presenciales, híbridos o virtuales, adaptando calendarios a estudiantes con dedicación a tiempo parcial o que soliciten la suspensión temporal de la matrícula.
• Garantías de evaluación: Se consolidan por norma las dos convocatorias anuales y la anonimización de pruebas. Además, se prohíbe que una revisión baje la nota inicial, salvo que concurra un error material o aritmético evidente.
• Transparencia previa a la matrícula: Las guías docentes deberán publicarse antes del periodo de inscripción, detallando profesorado, contenidos, sistema de evaluación, calendario de prácticas e idioma de impartición, garantizando el derecho a recibir las clases en la lengua anunciada.

Deberes digitales: el marco de la Inteligencia Artificial y la desconexión

Frente a la expansión de herramientas generativas, el estatuto introduce como deber expreso del alumnado el uso adecuado y honesto de la Inteligencia Artificial, catalogando su empleo indebido como una vulneración de la integridad académica sin recurrir a una prohibición técnica general.

Como contrapartida, el articulado blinda la esfera digital de los estudiantes mediante el reconocimiento de la desconexión digital, la protección estricta de sus datos de carácter personal y la salvaguarda de la propiedad intelectual sobre sus trabajos y memorias de prácticas, los cuales deberán ser custodiados por el docente hasta el curso posterior y devueltos formalmente a sus autores.

Paro estudiantil, becas y vida en el campus

Reacción estudiantil y retos de aplicación

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha calificado el decreto de «hito histórico» tras más de una década de negociaciones, señalando que la norma por fin reconoce que el estudiante «no solo estudia, sino que también trabaja y cuida».

No obstante, las organizaciones estudiantiles han advertido de que la eficacia práctica de los avances dependerá de dos factores inmediatos: la celeridad con la que cada universidad trasponga el marco a sus propios reglamentos internos y el despliegue de financiación suficiente por parte del Estado y las comunidades autónomas para dotar los nuevos servicios de salud mental, alojamiento y medidas de accesibilidad.

A la espera de su inminente salida en el BOE, el despliegue efectivo de la norma queda ahora en manos de cada campus, que deberá incorporarla a sus estatutos sin fechas concretas de aplicación