El Anteproyecto de Ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) propone una reforma que muchos juristas y docentes califican de frontal ataque a la autonomía universitaria. Su medida más polémica crea una Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno con poderes de fiscalización previa sobre todas las operaciones económicas de las universidades públicas, ya no solo como órgano técnico sino con capacidad efectiva para condicionar decisiones sobre contratación, investigación o nuevas titulaciones.

Cómo funcionará el poder real sobre las cuentas: Conflicto normativo con la LOSU y la autonomía

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) asigna al gerente el control de la gestión económica y al rector la autorización del gasto conforme al presupuesto aprobado. La creación de una oficina con potestad de fiscalización previa que actúe “con plena autonomía funcional respecto del órgano cuya gestión sea objeto de control” plantea un choque normativo: si la autoridad real sobre las cuentas se desplaza fuera de los responsables universitarios, la autonomía reconocida por la Constitución (art. 27.10) quedaría reducida a un principio teórico.

La nueva Oficina de Control Económico daría la última palabra económica a un equipo externo a la gestión ordinaria: dos miembros serían nombrados por el Consejo Social (cuyo presidente lo designa el Gobierno regional) y un tercero elegido por la universidad, por lo que el rector y el gerente quedarían subordinados a esa oficina; en la práctica, esto confiere al Ejecutivo autonómico una influencia directa y decisiva sobre el control y uso del presupuesto universitario.

Docentes y juristas alertan del riesgo que esto supone para el sistema público. Para muchos se trata de una estrategia destinada a desregular y abrir mercado a la enseñanza privada en un territorio con fuerte implantación de ese sector. Javier Álvarez, catedrático emérito, señala que la pérdida de control presupuestario puede terminar afectando el acceso de sectores con menos recursos económicos a una educación universitaria pública y de calidad, rompiendo lo que ha sido históricamente un “ascensor social”.

Colonización de los consejos sociales

En los últimos dos años la Comunidad de Madrid ha nombrado a personas vinculadas al Partido Popular y a la gestión privada en los consejos sociales de los campus públicos. Ejemplos concretos muestran el alcance del cambio: Francisco Marhuenda preside el Consejo Social de la Universidad Carlos III (UC3M); su nombramiento y el de otros perfiles procedentes del PP o del sector privado implican que quienes controlan las cuentas no son necesariamente representantes de la comunidad académica.

Los perfiles en los principales campus madrileños incluyen ex cargos políticos y directivos empresariales en la Universidad de Alcalá, la Autónoma (UAM), la Complutense, la Rey Juan Carlos y la Politécnica. Entre ellos figuran antiguos consejeros autonómicos, ejecutivos de grandes compañías y responsables de universidades privadas, lo que, según críticos, crea un conflicto de interés respecto a la defensa del interés público universitario.

Colaboración público-privada

La Lesuc consagra la colaboración público‑privada como eje central y obliga a poner “a disposición, de manera recíproca, aulas, auditorios, laboratorios y otras instalaciones” entre centros públicos y privados. En una comunidad con numerosas universidades privadas vinculadas a fondos, grupos empresariales o entidades religiosas, fuentes universitarias advierten que esto facilitará el uso de equipamientos públicos —especialmente laboratorios de investigación— por parte de privados y podría implicar cesión de personal y recursos formativos.

Críticos recuerdan el precedente de la legislación de finales de los 90 y sostienen que formalizar esta colaboración desde la normativa autonómica favorece a actores privados ya presentes en la región. Además, los artículos de la Lesuc que promueven programas conjuntos y la “racionalización de recursos” plantean dudas prácticas (qué criterios regirán la cesión, cómo se justificará el uso recíproco, quién garantiza que no suponga transferencia de medios a universidades con ánimo de lucro) y generan el temor entre profesores de que la medida vacíe de recursos a las universidades públicas y condicione su actividad investigadora y docente al interés privado.

Futuro inquietante

La Lesuc, en la interpretación de sus críticos, supone un desplazamiento del control económico de las universidades públicas hacia órganos vinculados al poder político regional y a representantes del sector privado. Ese cambio no solo reta la arquitectura legal vigente sobre autonomía universitaria, sino que, según académicos y juristas, pone en riesgo la equidad y la calidad de la enseñanza superior pública en una comunidad donde la oferta privada ya tiene amplio desarrollo.