Este lunes, la Comunidad de Madrid se encuentra en el epicentro de una histórica huelga general educativa, la primera en más de una década, que convoca a profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. La protesta surge como respuesta al «desmantelamiento» de la educación pública y a las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según los organizadores.

Bajo el lema «Salvemos la educación pública», esta huelga, que no se había convocado desde 2013, busca visibilizar el descontento generalizado en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la universidad. Aunque los sindicatos convocantes, como CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, son considerados minoritarios, la movilización ha cobrado fuerza especialmente en el ámbito universitario, donde se rechaza una nueva ley regional que, según los críticos, recortará la financiación y la autonomía de las instituciones.

La jornada de protesta ha comenzado con encierros en varias universidades, destacando la Universidad Complutense, donde los estudiantes han expresado su preocupación por la falta de recursos y la inminente ley que prevé ceder un 30% de la financiación a empresas privadas. Este hecho ha generado un clima de tensión y descontento en los campus, donde se han organizado piquetes informativos para concienciar sobre las implicaciones de la Ley de Enseñanzas Superiores (Lesuc).

A las 18:00 horas, se llevará a cabo una manifestación unitaria que partirá desde Atocha hacia Sol, convocada por una veintena de organizaciones, incluyendo sindicatos y colectivos estudiantiles. Esta movilización busca unir fuerzas en la defensa de una educación pública de calidad y accesible para todos.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha minimizado la importancia de la huelga, afirmando que «no hay motivos» para la protesta y calificando de «lamentable» el uso de la educación con fines políticos. Sin embargo, la realidad en los campus y las aulas refleja un profundo descontento, especialmente tras el acuerdo sectorial firmado con los grandes sindicatos de la enseñanza no universitaria, que ha sido rechazado por una parte significativa del profesorado.

La Universidad Complutense ha sido la única que ha establecido servicios mínimos para garantizar el acceso a ciertos espacios para aquellos que decidan no participar en la huelga. A pesar de esto, al menos quince decanos de esta universidad han expresado su apoyo a la movilización, evidenciando la división existente en la comunidad educativa.

Las razones detrás de estas movilizaciones son claras: la asfixia económica que enfrentan las universidades y el temor a que la nueva ley desdibuje la naturaleza de los estudios universitarios, favoreciendo a las instituciones privadas en detrimento de las públicas. La reducción de la financiación pública al 70% obligará a las universidades a buscar el 30% restante de fuentes externas, lo que podría comprometer su autonomía y calidad educativa.

La plataforma Menos Lectivas ha señalado que la huelga en las etapas no universitarias también refleja un descontento con el acuerdo firmado por la Consejería de Educación y los sindicatos de la Mesa sectorial, que ha sido considerado insuficiente por muchos docentes.

La Comunidad de Madrid se encuentra en un momento crucial para su sistema educativo, donde la movilización de la comunidad educativa busca frenar lo que consideran un ataque a la educación pública y asegurar un futuro más justo y equitativo para todos los estudiantes.