La Comunidad de Madrid ultima una reforma de su ley universitaria que incluye un fondo anual de 10 millones de euros para premiar a las seis universidades públicas madrileñas que alcancen metas académicas o investigadoras pactadas con el Gobierno regional. El mecanismo figura en el último borrador de la Ley de Enseñanza Superior de la Comunidad (LESUC) y sustituye la idea inicial de una financiación por objetivos abierta y sin techo presupuestario.

El nuevo esquema permitirá a cada universidad acordar con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades objetivos adaptados a su realidad —por ejemplo, la creación de programas de investigación, la captación de docentes de excelencia desde Europa e Hispanoamérica o la ampliación de la oferta formativa en áreas estratégicas o humanísticas—. El Consejo de Gobierno podrá además incorporar metas adicionales cada año, y la adjudicación se hará a través de un concurso anual que distribuirá los 10 millones entre las instituciones que acrediten los logros fijados.

Replanteamiento y retrocesos respecto al diseño inicial

Según fuentes de la Consejería, la redacción de la norma ha sufrido cambios sustanciales desde su anuncio. El equipo del consejero Emilio Viciana habría reconsiderado varios puntos, entre ellos el reparto de la financiación, que en fases previas dependía en un 70% de la administración autonómica y en un 30% de aportaciones de las propias universidades.

Asimismo, algunas medidas anunciadas con anterioridad han perdido fuerza en las versiones más recientes del borrador. Es el caso del mapa de titulaciones —un instrumento para determinar dónde y cuándo se pueden impartir determinadas carreras atendiendo a la demanda—, que podría pasar de obligatorio a meramente informativo. También se habría moderado la intención inicial de sancionar determinadas protestas estudiantiles: la redacción actual busca simplificar y aligerar el régimen sancionador universitario y elimina referencias directas a acciones como escraches o acampadas.

Críticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha advertido que el modelo propuesto por la Comunidad de Madrid exigiría que las universidades capten al menos un 30% de sus fondos de fuentes externas, lo que, en su opinión, «favorece la dependencia de capital privado», erosiona la autonomía universitaria y vulnera el carácter público de la universidad. El Departamento que dirige Diana Morant también recuerda que Madrid «está entre las comunidades con peor financiación universitaria por estudiante, situándose más de 20 puntos por debajo de la media española», y subraya que, pese al aumento de transferencias estatales desde 2018, ese refuerzo no se ha traducido en una mejora de la financiación universitaria en la región. Además, el Ministerio considera que los 10 millones de euros anuales son «muy escasos» para repartir entre las seis universidades públicas y advierte de que la oferta regional puede interpretarse como un rescate condicionado a recortes de gasto y cumplimiento de objetivos.

Sanciones y límites

El borrador establece un tope de 300.000 euros para sanciones calificadas como muy graves por infracciones en el ámbito universitario, aunque excluye de esa categoría conductas no vinculadas al funcionamiento de los campus, como la exhibición no autorizada de pancartas.

Cambios en la estructura interna de las universidades

La reforma introduce modificaciones en la gobernanza interna que, según la Consejería, han surgido del diálogo con los rectores. Entre ellas:

• El gerente será elegido por el rector con el visto bueno del Consejo Social, suprimiendo el sistema de concurrencia.
• La figura del interventor se sustituirá por una Oficina Económico Presupuestaria integrada por dos profesionales: uno nombrado por el rector y otro por el Consejo Social.
• Se detalla el funcionamiento del Distrito Único de Prácticas, diseñado para garantizar que ningún estudiante se quede sin plaza de prácticas necesarias para titularse; las vacantes remanentes tras la primera asignación se redistribuirán entre quienes las necesiten para finalizar sus estudios.

Próximos pasos y calendario previsto

El Gobierno regional planea convertir el texto en anteproyecto para abrir un periodo de información pública antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Posteriormente, la LESUC se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación. Aunque la intención es presentar el texto en diciembre, fuentes consultadas advierten de que el articulado final aún puede variar respecto a las propuestas iniciales.

La ley busca, según el Ejecutivo, dotar de más fondos y un sistema de financiación mejor orientado hacia la excelencia, al tiempo que redefine la relación entre la Comunidad y sus universidades públicas. No obstante, el reciente replanteamiento de varias medidas refleja la voluntad del Gobierno regional de moderar los aspectos más controvertidos y ajustar la normativa a las demandas del sector académico y del propio diálogo institucional.