Un reciente estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha puesto de manifiesto que las universidades públicas de Madrid y Cataluña se encuentran entre las peor financiadas en España. Según el informe, los gobiernos autonómicos de estas regiones invierten aproximadamente 5.500 euros por estudiante, una cifra que contrasta notablemente con los 9.000 euros que se destinan en el País Vasco o Cantabria. Esta falta de financiación se ve reflejada en los precios de matrícula, que son los más altos del país.

A pesar de los esfuerzos realizados desde 2015 para mejorar la financiación de las universidades públicas, el informe indica que en 2022 los ingresos y gastos de estas instituciones fueron un 14% inferiores a los de 2009. Los expertos que han elaborado el documento subrayan la necesidad de un «esfuerzo adicional» para alcanzar los estándares internacionales, ya que otros países han tenido un desarrollo más positivo en el ámbito universitario en los últimos 15 años.

La nueva ley de Universidades (LOSU) establece que la financiación debería alcanzar el 1% del PIB para 2030, pero los datos actuales sugieren que se necesitaría un aumento de casi el 40% en la inversión para lograrlo. En 2022, las 47 universidades públicas presenciales generaron ingresos de 11.357 millones de euros, mientras que sus gastos fueron de 10.869 millones, lo que deja poco margen para la inversión.

Desigualdades en la financiación regional

El informe también destaca que las universidades de Madrid y Cataluña son las que reciben menos transferencias por alumno de sus respectivas comunidades, al mismo tiempo que tienen las tarifas más altas en términos de precios públicos. En contraste, las regiones que mejor financian sus universidades son La Rioja, Navarra y el País Vasco, donde la inversión supera los 9.000 euros por estudiante. En comparación, Madrid y Cataluña se sitúan por debajo de los 6.000 euros.

Otras comunidades, como Valencia y Cantabria, han financiado sus universidades con cifras cercanas a los 8.500 euros por alumno, mientras que Castilla y León, Andalucía y Murcia han recibido entre 6.400 y 6.800 euros. Por su parte, regiones como Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, Canarias, Galicia y Asturias han invertido entre 7.000 y 8.000 euros por estudiante.

El impacto en las familias

Los precios de matrícula son notablemente más altos en las universidades de Madrid y Cataluña, que son las que menos financiación reciben. Por ejemplo, en 2022, la matrícula en la Universidad Carlos III de Madrid fue de 2.294 euros, mientras que en la Universidad de Barcelona fue de 1.936 euros. En contraste, universidades en A Coruña, Vigo o Jaén tienen tarifas que no superan los 800 euros.

Entre las diez universidades con mayores ingresos por precios públicos, cinco son de Madrid y cuatro de Cataluña, además de la Universidad de Zaragoza. En el extremo opuesto, las universidades gallegas y canarias se encuentran entre las que menos recaudan.

El informe también señala que la Comunidad de Madrid ha sido una de las que menos ha reducido sus gastos corrientes en los últimos trece años, con un aumento del 10% entre 2009 y 2022, en comparación con el crecimiento del 5% o 6% en el País Vasco y Cantabria. Andalucía, aunque también financia por debajo de la media, ha incrementado su gasto en un 25,5% en ese mismo periodo.

Sin embargo, el informe advierte que establecer una meta del 1% del PIB para 2030 es más una declaración de intenciones, ya que la ley no especifica los mecanismos para alcanzarla. Se sugiere la necesidad de una financiación diferenciada entre regiones, teniendo en cuenta la oferta educativa de cada universidad.

Crecimiento de las universidades privadas

Desde la creación de la última universidad pública en Cartagena en 1998, el número de universidades privadas ha aumentado considerablemente, pasando de 16 a 46. En comunidades como Madrid, las universidades privadas superan a las públicas, con 13 frente a 6, y hay una decena más en trámite.

Para el curso 2023-2024, hay 91 universidades en funcionamiento en España, de las cuales 50 son públicas y 41 privadas, y se espera que se sumen cinco más este año, cuatro en Andalucía y una en Canarias.