El Gobierno ha presentado un nuevo decreto que establece requisitos más estrictos para la creación y funcionamiento de universidades privadas en el país. Entre las principales medidas, se destaca la exigencia de contar con al menos 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de actividad, así como la obligación de destinar un 5% del presupuesto total a la investigación.

Este borrador, que se encuentra en fase de consulta pública, también subraya que las nuevas universidades deberán presentar un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas correspondientes, lo que garantiza un control más riguroso sobre la calidad educativa.

Los promotores de estas instituciones deberán demostrar experiencia en gestión educativa y especificar si están vinculados a fondos de inversión, multinacionales o grupos de universidades existentes. Esta medida busca evitar la proliferación de instituciones que no cumplan con estándares académicos adecuados.

Además, se establece que las universidades deben ofrecer al menos diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado en al menos tres ramas del conocimiento. Esto asegura una diversidad académica que beneficie a los estudiantes.

En cuanto a la investigación, se requiere que al menos el 2% del presupuesto anual provenga de convocatorias competitivas en un plazo de cinco años. El incumplimiento de esta norma podría llevar a la revocación de la autorización de actividad de la universidad tras un periodo de gracia de dos años.

El decreto también aborda la necesidad de garantizar alojamiento para los estudiantes, exigiendo que al tercer año de actividad, al menos el 10% de las plazas de grado cuente con opciones de alojamiento. Esto es especialmente relevante en un contexto donde los precios de alquiler en muchas ciudades son elevados.

Por otro lado, se establece que el 50% del profesorado debe tener el título de doctor, y se limita la contratación de personal temporal a un máximo del 8% de la plantilla docente. Estas medidas buscan asegurar la calidad del cuerpo académico y la estabilidad en la enseñanza.

Las universidades que operen con un 80% o más de actividad virtual serán clasificadas como «universidades de especiales características», lo que requerirá un proceso de aprobación más riguroso por parte del Gobierno.

Finalmente, se otorgan plazos de adaptación de hasta tres años para las universidades ya en funcionamiento y de hasta cuatro años para aquellas que estén en proceso de reconocimiento, permitiendo así una transición ordenada hacia los nuevos requisitos establecidos.

Con estas reformas, el Gobierno busca fortalecer el sistema universitario, garantizando que las nuevas instituciones cumplan con estándares de calidad y contribuyan efectivamente a la investigación y formación de los estudiantes.