El Gobierno ha decidido centrar sus esfuerzos en septiembre para implementar mejoras significativas en el sistema educativo, abarcando tanto la enseñanza no universitaria como la universitaria. Esta iniciativa incluye la reactivación de las mesas negociadoras en diversos ámbitos, algunas de las cuales han estado inactivas durante casi un año.

Reuniones Clave en la Enseñanza No Universitaria

La primera reunión está programada para el martes 23 de septiembre, donde se reunirán los sindicatos de la enseñanza no universitaria con el Ministerio de Educación. Este encuentro tiene como objetivo avanzar en la creación de un Estatuto del Docente, un proyecto que ha estado pendiente desde 2007.

Uno de los temas centrales de discusión será la jornada lectiva de los docentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de proteger por ley la jornada lectiva, estableciendo un máximo de 23 horas semanales en primaria y 18 horas en secundaria y bachillerato. Además, se abordarán otros temas como la reducción de las ratios en las aulas y la disminución de la burocracia que enfrentan los docentes.

Este grupo de trabajo es el cuarto de un total de cuatro, que también se ocupan de cuestiones como jubilaciones, acceso a la carrera docente, formación y competencias necesarias para el profesorado. La Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario se reabrió en febrero de este año, impulsada por la amenaza de movilizaciones y protestas en varias comunidades autónomas, como Asturias, Madrid, Cantabria, Euskadi y Navarra.

Avances en la Educación Universitaria

Por otro lado, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convocará el jueves 25 de septiembre al grupo de trabajo de la Ley de Universidades (LOSU), que ha estado paralizado desde marzo de 2024. Este grupo se centrará en la creación de un Estatuto para el personal docente investigador (PDI), con el objetivo de reducir la elevada temporalidad del PDI, que se aproxima al 50%, y mejorar sus condiciones laborales y salariales.

Además, el 29 de septiembre se presentará una comisión de trabajo establecida por la LOSU, que tiene como meta aumentar la inversión pública en universidades hasta alcanzar el 1% del PIB para 2030. Esta comisión, creada en noviembre de 2024, tiene la responsabilidad de establecer un calendario de inversiones y se reunirá cada dos meses.

En esta comisión participarán el ministerio dirigido por Diana Morant, las consejerías de las comunidades autónomas, la CRUE, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), la Conferencia de Consejos Sociales y los sindicatos más representativos. También se contará con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en financiación universitaria.

Destinar el 1% del PIB a la financiación de las universidades para 2030 implicaría un aumento de más de 3.000 millones de euros anuales en inversión, dado que actualmente el gasto en políticas universitarias se sitúa en torno al 0,76% del PIB.