En el contexto educativo español, la práctica de permitir a los estudiantes de colegios concertados realizar exámenes adicionales para mejorar sus calificaciones en Bachillerato ha suscitado un intenso debate. Esta estrategia, defendida por Escuelas Católicas, la principal patronal de colegios religiosos en España, se presenta como una oportunidad para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta práctica crea un agravio comparativo con respecto a los estudiantes de la enseñanza pública, especialmente en el contexto de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Manuel, un joven de 19 años que ha cursado su Bachillerato en un colegio concertado de Valencia, comparte su experiencia: “Siempre ha estado la opción de hacer exámenes para subir nota, tanto en primero como en segundo. Aunque a los profesores no les gusta que los alumnos se presenten solo por probar, yo lo hice muchas veces, sobre todo para practicar de cara a la PAU”. Su esfuerzo le valió una media de 10 en Bachillerato, lo que le permitió acceder a una carrera con una alta nota de corte.

A pesar de que no existen datos precisos sobre la extensión de esta práctica en la enseñanza privada, se ha observado que los estudiantes de colegios concertados tienden a obtener calificaciones más altas en Bachillerato en comparación con sus resultados en la PAU. Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario reveló que la diferencia en el porcentaje de estudiantes que obtienen sobresalientes se reduce significativamente cuando se comparan las calificaciones de los centros educativos privados con las de los tribunales de la PAU. Esto plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a la educación superior.

Irene Arrimadas, responsable pedagógica de Escuelas Católicas, justifica la práctica al afirmar que “la evaluación es de proceso, no solo de resultados”. Según ella, ofrecer múltiples oportunidades a los estudiantes es fundamental para desarrollar sus competencias. Sin embargo, esta visión no es compartida por todos. David, un padre de familia con una hija en un instituto público, expresa su preocupación: “Me parece un agravio comparativo. No tienen las mismas oportunidades, y eso dificulta el acceso a carreras muy competitivas”.

La presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid, Rosa Rocha, también critica la falta de un sistema similar en la enseñanza pública. Aunque reconoce que se realizan pruebas y actividades evaluativas, señala que no existe un modelo sistemático de exámenes para subir nota en todas las asignaturas. Esta disparidad en las oportunidades educativas genera un sentimiento de injusticia entre los estudiantes de la enseñanza pública.

Toni González Picornell, presidente de la federación española de directores de institutos públicos, aboga por una reforma radical: “El Bachillerato solo debería impartirse en los centros públicos, que garantizan una estandarización de los estudios”. Esta propuesta refleja la creciente preocupación por la equidad en el acceso a la educación superior y la necesidad de un sistema educativo más justo.

La práctica de permitir exámenes adicionales para subir nota en Bachillerato sólo en determinados centros plantea importantes cuestiones sobre la equidad educativa en España. Mientras algunos defienden esta estrategia como una forma de mejorar el aprendizaje, otros la ven como una fuente de desigualdad que perjudica a los estudiantes de la enseñanza pública.