Entre 2020 y 2024, las comunidades autónomas de Madrid, Canarias y Andalucía han dado luz verde a la creación de tres universidades privadas, a pesar de contar con informes desfavorables emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria, que está bajo la dirección del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, actualmente liderado por Diana Morant. Las instituciones en cuestión son la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) en Madrid, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) en Málaga y la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH).

Según información proporcionada por Europa Press, el Gobierno ha confirmado que, en total, se han autorizado nueve universidades privadas en este periodo. De estas, cuatro se encuentran en Andalucía, dos en la Comunidad de Madrid, y una en Galicia, el País Vasco y Canarias, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que tres de estas universidades recibieron un informe desfavorable por parte de la Conferencia General de Política Universitaria.

Las universidades autorizadas en los últimos cuatro años incluyen, además de las mencionadas, la Universidad Internacional de la Empresa, la Universidad Intercontinental de la Empresa, la Universidad Euneiz, la Universidad CEU Fernando III, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía. En términos de modalidad, la mayoría de estas universidades ofrecerán programas presenciales, a excepción de la Universidad Tecnológica de Canarias, que operará de manera online.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado su intención de revisar y endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades. Entre las nuevas exigencias, se destaca la necesidad de que las universidades privadas cuenten con una residencia estudiantil propia desde su fundación, lo que refleja un esfuerzo por garantizar una infraestructura adecuada para los estudiantes.

La autorización de estas universidades privadas, a pesar de los informes desfavorables, ha generado preocupación en torno a la regulación de la educación superior en España. La decisión de las comunidades autónomas de aprobar estas instituciones plantea preguntas sobre la alineación de sus políticas educativas con los criterios establecidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esto sugiere la necesidad de un marco normativo más claro que garantice la calidad y viabilidad de las nuevas universidades en el país.